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La piratería digital, en aumento imparable
La piratería digital: el gran peligro para la cultura
Ana Alejandre
"España es diferente", eslogan publicitario de décadas atrás para atraer al turismo de masas, pero habría que añadir que es diferentes en otras muchas cosas, algunas de ellas no precisamente loables ni de las que sentirse orgullosos como es el caso de la piratería digital, de la que ocupamos el deshonroso lugar del primer puesto en Europa y uno de los más altos del mundo.
Estos datos lo confirma el estudio realizado por el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, realizado por la consultora independiente GfK, y que fue presentado por la Coalición de creadores e industrias de contenidos, estudio que recoge los datos correspondientes al pasado 2014 y cuyos resultados son demoledores, ya que la piratería digital ofrece datos alarmantes y récords en relación con otros países que tienen mayor educación cívica y menos sentido de la picaresca que en España es consuetudinaria con el carácter español, a lo que ayuda la falta de duras sanciones a quienes cometan este tipo de latrocinios que afectan gravemente a las empresas que ofrecen contenido culturales en formato digital, y, que según dicho estudio, el 60% de las descargas vía internet de dichos contenidos (literarios, musicales, cinematográficos, videosjuegos, fútbol etc.) fueron ilegales, ofreciendo sólo un modesto 40% de descargas legales, es decir pagadas.
Además, otro dato alarmante resulta de que el número de personas que accedieron de forma ilegal a las ofertas culturales digitalizadas subió en dicho año desde un 51% a un 58%, lo que habla de que dicho fenómeno indeseable se está propagando como la pólvora y va creciendo el número de sus adeptos de forma imparable, quizás por la falta de contundencia en las sanciones a quienes practiquen la piratería informática.
El estudio ofrece unas mejoras destacables, pues añade, además, los datos correspondientes a las series televisivas y a los partidos de fútbol que son retransmitidos, y ofrece también datos precisos sobre cuáles son las vías de ingreso de los sitios que ofrecen dichos contenidos pirateados.
Dichas prácticas de piratería se pueden desglosar, según el contenido descargado en los distintos apartados: en música se produjo accesos ilegales en un 24%, que supuso 1.831 millones de contenidos musicales online, con un valor de mercado de 6.773 millones de euros. El lucro cesante fue de 386 millones de euros. Menos de 1 de cada 10 consumidores accedió legalmente a música online de forma legal, mientras un 21 % accede a contenidos ilícitos musicales. Es curioso destacar que los más jóvenes consumen más música online de forma ilegal, de 16 a 34 años, y de 35 a 44 años la escuchan o descargan de manera legal, principalmente online., lo que parece demostrar que a mayor edad, mayor sensatez, responsabilidad y respeto a los derechos ajenos.
En cuanto a las películas, con un 38% de visionado o descargas ilegales en formato digital durante 2014, fue de 877 millones, cuyo valor en el mercado es de 6.139 millones de euros. El lucro cesante correspondiente a este tipo de contenido fue de 140 millones de euros. El 36 % de usuarios accede ilícitamente a las películas, mientras que el 9% accede al cine digital legalmente. El 36 % de los accesos ilegales se produjo cuando la película aún se estaba proyectando en salas de cine, lo que hace que sea aún mayor el daño económico que produce dicha piratería. Los videojuegos, por su parte, arroja un 11 % de accesos ilegales.
El apartado de libros ofrece un 11 % de accesos ilegales. En 2014 se produjeron 335 millones de accesos ilegales a libros digitalizados, con un valor de mercado de 2.680 millones de euros que produjo el correspondiente lucro cesante de 21 millones de euros. El 42,8 % de los accesos se dirigió a contenidos con menos de un año de antigüedad, lo que provoca un descenso en las ventas de dichas obras tanto en formato papel como en formato digital. El 11 % de acceso a libros son ilegales, mientras que sólo el 8% accede a libros digitales de forma legal. El perfil del individuo que accede a libros digitales ilegalmente es prioritariamente un varón de 16 a 44 años de clase media.
Con relación a las series, que ofrece un 26 % de accesos ilegales, un 25 % de usuarios accede ilegalmente a series a través de internet, alcanzando durante 2014, 1.033 millones de capítulos reproducidos o descargados ilegalmente. Su valor en el mercado es de 1.755 millones de euros, y el lucro cesante, en 2014, alcanzó 166 millones de euros. El 41,5 % de los accesos se llevó a cabo mientras se emitían en televisión. El perfil de consumidor de series de forma legal es el de un hombre de entre 16 y 34 años y con conocimientos de usuario avanzado de internet. El perfil del consumidor de contenidos ilegales online corresponde a hombres y mujeres de 16 a 44 años y clase media. En cuanto al fútbol ofrece un índice de accesos ilegales del 18 %.
Es evidente el altísimo alcance económico de los daños inferidos a dicha industria de contenidos culturales y a los diversos agentes que intervienen en su creación, ya que en 2014 se produjeron 4.455 millones de accesos o descargas ilegales de dichos contenidos digitalizados, lo que supone la astronómica cifra, según el valor de mercado, de 23.265 millones de euros. El lucro cesante, tanto en formato físico como en internet, fue de 1.700 millones de euros en total.
Cada uno de dos consumidores que acceden fraudulentamente a dichos contenidos intenta justificarlo con el débil argumento de que paga su acceso a internet, como si eso ya le diera derecho a acceder a unos contenidos que son ajenos al contrato de hosting que dice pagar, perjudicando a las empresas ofertantes de dichos contenidos en sus legítimos intereses. Además, también exhiben otros falaces argumentos como son: «rapidez y facilidad de acceso» (46 %), «no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste» (39 %) curioso razonamiento que haría inviable el cine, el teatro, la venta de libros, etc., ya que hasta que no finalizara la exhibición de las películas u obras teatrales, o se leyera el libro en cuestión, no se abonaría su importe, en el hipotético caso de que se hiciera, con la fácil excusa de que "no me ha gustado"; también hay quien manifiesta que «no estoy haciendo daño a nadie” (19 %) esa afirmación no nace de la ignorancia, sino del más puro cinismo; y «no hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada» (19 %). Este último, curiosamente, es el argumento principal por encima de los otros, aunque tenga un menor porcentaje de quienes lo expresan con total desfachatez, es decir, lo hacen porque no reciben las sanciones correspondientes quienes realizan dichas prácticas ilegales de apropiación indebida de unos contenidos que no están ofertados para que los disfrute libremente quien quiera, sino para que lo paguen sus posibles usuarios. Si hubiera sanciones sería otra cosa y se andarían con cuidado los adeptos "a la barra libre" cultural.
Los propios internautas respetuosos con los derechos ajenos y el trabajo de quienes crean, comercializan y ofrecen el fruto de su esfuerzo y que están siendo gravemente perjudicados por esta terrible plaga de la piratería, afirman (65%) que, a su juicio, se deberían tomar medidas urgentes contra quienes practican este abuso, bloqueando las webs que ofrece ilegalmente dichos contenidos y haciendo campañas de concienciación social. Además, los consumidores expresan que otras medidas eficaces serían sancionar de forma adecuada con multas (53%) e impidiendo o restringiendo el uso de internet (37%), tanto a los operadores y proveedores de servicios de acceso a internet, como a los usuarios que infringen la legalidad.
Las cifras son frías en su expresión, pero concretas y evidentes en su significado. El problema es más grave de lo que a primera vista parece y si no se toman las medidas adecuadas y urgentes, se producirá una retirada, un cierre de muchas empresas, y abandono de su actividad por muchos creadores y profesionales varios que se dedican a la creación de esos contenidos culturales en sus distintas manifestaciones, esos mismos que parece buscar ansiosamente la sociedad, aunque una gran mayoría, como se demuestra por los datos fidedignos del estudio mencionado, lo hacen de forma ilegal porque quieren consumir cultura, sin pagar el precio justo debido a sus creadores y promotores.
No andan descaminados quienes opinan que hace falta mayor rigor en las sanciones, porque la falta de sanción, de castigo adecuado a los hechos de quienes perjudican los intereses económicos legítimos de terceros, se materializa, paradójicamente, en que los castigados por el daño económico sufrido sean los creadores y oferentes de dichos contenidos y la industria cultural en su conjunto, siendo todos ellos quienes cumplen las leyes, pagan sus impuestos, y son observados con lupa por Hacienda; y todo esos esfuerzos, trabajo y creatividad sirven, en la mayoría de los casos, para que los cantamañanas de turno se aprovechen de la falta de rigor en la legislación actual y en el castigo de quienes infringen la ley, ésa que siempre sacan a relucir y exigen su exacto cumplimiento los infractores, los que practican la piratería, cuando alguien les intenta afectar a "sus" intereses laborales, económicos o de cualquier otro tipo, aunque, mientras tanto, se aprovechen del trabajo de otros, de los intereses legítimos de quienes ofrecen sus contenidos digitalizados de creación en el ámbito cultural con total respeto a la legalidad.
Quienes no tienen escrúpulos ni respeto a los derechos ajenos siempre encuentran fáciles y engañosas disculpas para justificar su disfrute gratuita y fraudulentamente, con grave perjuicio económico de sus legítimos propietarios, porque en esta sociedad de derechos exigibles se olvida fácilmente los deberes inexcusables de respetar los derechos ajenos que siempre son discutibles.
Además del daño sufrido por la industria cultural, no hay que olvidar el perjuicio que esto conlleva para la cultura en general, esa misma cultura que parecen buscar muchos de los consumidores finales en sus manifestaciones digitalizadas, pero en su mayoría para su consumo ilegítimo, demostrando una gran escasez de cultura, educación y respeto -lo que es propio de una sociedad civilizada y culta-, en sus propias prácticas ilegales que ponen en peligro a la propia cultura, a la sociedad que se nutre de ella, y a los honrados empresarios, trabajadores y creadores que hacen posible su materialización en los distintos contenidos que ofertan legalmente a una sociedad que demanda cultura, espectáculo y diversión, pero que no siempre está dispuesta a pagar el justo precio por ello. .
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